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La Doctrina del Schock de Naomi Klein

Según se recoge en prensa, 86 organizaciones y colectivos presentaron recientemente un escrito ante el Defensor del Pueblo Español solicitando que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 que apareció en BOJA el 12 de marzo y fue aprobado por la diputación permanente del Parlamento de Andalucía el pasado 2 de abril, que modifica un total de 28 leyes, decretos y reglamentos de diversos ámbitos.

Como se señala en el escrito:

En realidad, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprovechado el estado de alarma para justificar una batería de medidas en la que, como el mismo decreto reconoce, lleva trabajando desde hace más de un año y que nada tiene que ver con la crisis sanitaria que vivimos”.

Muchas de las medidas adoptadas en el sector audiovisual, medioambiental y patrimonial “no tienen nada que ver con prevenir los efectos de una inmediata crisis económica, ecológica y social, sino que van producir el efecto contrario”.

El decreto, mediante desregulaciones y desprotecciones que intentan justificarse como destinadas a “simplificar la burocracia”, en realidad abre la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y del patrimonio cultural andaluz, y a fomentar la especulación urbanística, la privatización de servicios públicos y el dominio de las grandes superficies comerciales y de ocio sobre el tejido económico-social local.

Supone varias vueltas de tuerca en la dirección ya establecida por los gobiernos anteriores de acentuar la dependencia y subalternalidad de Andalucía

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La Doctrina del Schock de Naomi Klein

Comparto plenamente y difundo la Declaración hecha pública ayer por la Plataforma Andalucía Viva exigiendo la anulación del Decreto de la Junta de Andalucía (homologado en el parlamento autonómico en esta situación de “estado de alarma”) por el que se modifican multitud de leyes y normas para eliminar regulaciones en muy diversos ámbitos y facilitar que los grandes inversores sigan encontrando, aún más que ahora, en Andalucía una fuente de apropiación de riqueza sin reparar en daños y desprotegiendo las actividades locales.

Para las principales organizaciones ecologistas se trata de un auténtico despropósito

Con la excusa de “eliminar barreras burocrática” y de “fomentar la actividad productiva” se eliminan garantías, evaluaciones y análisis sobre los impactos de todo tipo (ambientales, sociales, de empleo, respecto al Patrimonio, etc.) de las inversiones de capital.

Como señala la Declaración, el Decreto significa una vuelta de tuerca más en el camino que se viene recorriendo (por el actual gobierno de la Junta y los anteriores) en dirección contraria a los intereses, necesidades y anhelos del pueblo andaluz y una profundización en nuestra dependencia económica, subordinación política y subalternidad cultural.

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“ANDALUCÍA VIVA. DECLARACIÓN EN CONTRA DEL DECRETO DEL GOBIERNO ANDALUZ DE “MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA”


El pasado jueves día 2 de abril y en condiciones de muy dudosa legalidad, -con la población en la situación excepcional de confinamiento, tramitado por la vía de urgencia y sin pasar por el Pleno del Parlamento-, se aprobó por el Gobierno andaluz un Decreto de importantes implicaciones sociales y económicas que supone una amplia supresión de garantías y elementos de control y regulación de las actividades económicas; una eliminación de normas que afectan a diferentes ámbitos de entre los cuales cabe señalar en esta declaración los siguientes:

En el ámbito del urbanismo y la ordenación del territorio se reforman dos leyes.

La Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con el objetivo, se dice, de fomentar la construcción.

Las reformas rebajan elementos de control a la hora de planificar nuevos proyectos urbanísticos y eliminan garantías establecidas para preservar la calidad medioambiental.

En la tramitación de planes urbanísticos se suprimen los informes de las administraciones sectoriales y se sustituye el régimen de autorización ambiental, dependiente de la Junta, por el de calificación ambiental, mucho más permisivo y que aprueban los ayuntamientos.

En determinados casos se sustituye la licencia urbanística por la declaración responsable del constructor, estableciéndose el control a posteriori.

Para la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas y aprovechamientos minerales se suprime el procedimiento anterior que incluía una evaluación ambiental sustituyéndolo por un mero informe. Se facilitan intervenciones en el entorno de los bienes de interés cultural, eliminando la autorización preceptiva de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

En el comercio se modifica la Ley de Comercio Interior.

Se incrementan y flexibilizan los días y horarios de apertura de los establecimientos comerciales, estableciéndose así un marco “lo menos restrictivo posible” para el comercio. Lo que permitirá, según el Decreto, “incentivar la inversión por parte de grandes empresas promotoras, nacionales o internacionales, en la construcción y puesta en marcha de grandes centros y parques comerciales”. (más…)

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Foto Diario Córdoba. Sánchez Moreno

Los vecinos, en pie de guerra contra el decreto de los veladores, anuncian recursos a la justicia. Vecinos de La Axerquía recurren el decreto que sacó la candidata del PSOE Rosa Aguilar Rivero que permite música en terrazas.

La situación con la aplicación del Decreto puede ser muy grave pues por lo visto el ayuntamiento de Córdoba tiene un solo sonometro y muy poca gente formada para que sus mediciones sean validas desde un punto de vista legal. Vamos que el gobierno municipal carece de capacidades para regular lo que se nos puede venir encima.

La noticia aparece en el Diario Córdoba.

Asociaciones vecinales de Córdoba y de cuatro municipios andaluces más han recurrido ante el Trribunal Superior de Justicia de Andalucía el decreto de ocio de la Junta que entró en vigor en agosto. Las asociaciones de La Axerquía de Córdoba, Bajo Albayzín de Granada, Centro Antiguo de Málaga y Casco Antiguo de Marbella han decidido llevar al juzgado la nueva norma que permite veladores en discotecas y música y espectáculos de pequeño formato en terrazas al estimar que afectará negativamente a sus conjunto históricos. Uno de sus argumentos es que la medida es «ilegal» al contravenir una directiva europea relativa al ruido.

El recurso, dado a conocer ayer por representantes de La Axerquía y de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, indica que las nuevas modalidades de espectáculos, como las discotecas con terraza al aire libre o los restaurantes con actuaciones musicales en espacios abiertos, «tendrán de manera inmediata un evidente impacto en la vida de los vecinos de los centros históricos recurrentes», que «verán perturbados derechos tan básicos como el derecho al descanso» o «a la intimidad domiciliaria, violentada por ruidos y otras molestias».

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Concentración vecinal ante la Consejera Rosa Aguilar denunciando el decreto de ocio que ha promulgado

Los recurrentes consideran que es «inevitable» que al aplicarse el nuevo decreto «se rebasen inmediatamente y de manera significativa» los límites de ruido, «afectando de manera muy negativa a la vida de los vecinos de los centros históricos», que ya «soportan una importante presión» derivada del turismo.

Según el recurso, el decreto es «contrario» a la directiva europea del 2002 sobre la lucha contra el ruido, así como a la Ley del Ruido del año 2003.

Uno de los representantes de la asociación de La Axerquía, Manuel Cuello, desgranó ayer las razones que han llevado a los vecinos a presentar el recurso contra la Consejería de Justicia.

Cuello relató que la Junta «nunca ha contado con los vecinos para la redacción del decreto, ni con las asociaciones de vecinos de cascos históricos de Andalucía, ni con Al-Zahara», ya que su interlocutor ha sido la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y «no ha habido comunicación entre ella y los ayuntamientos». Además, añadió, en una consulta realizada a los ayuntamientos solo un 1,75% contestó que sería conveniente actualizar la normativa vigente antes de la entrada en vigor del decreto.

En cambio, y según señaló Cuello, los empresarios son los que han ejercido «muchas presiones» para que salga adelante esta nueva norma, que, a su juicio, «no es de interés general», sino que responde al de los hosteleros y «no justifica el aumento de ruido que se va a producir por la música en las terrazas» y al aumentar los horarios de apertura en el conjunto histórico.

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Concentración vecinal ante la Consejera Rosa Aguilar denunciando el decreto de ocio que ha promulgado. Septiembre 2018

Por su parte, Antonio Cerrato, de la asociación La Axerquía, anunció que los vecinos llegarán hasta «los tribunales europeos» si hace falta. Cerrato aseguró que ya hay locales que están poniendo música amparándose en el decreto de ocio.

Los vecinos quieren que el Ayuntamiento declare Zonas Acústicamente Saturadas espacios como la Ribera, que el plan de usos de La Corredera se convierta en ordenanza municipal, y la desconcentración de actividades en el casco histórico.