La Doctrina del Schock de Naomi Klein
Comparto plenamente y difundo la Declaración hecha pública ayer por la Plataforma Andalucía Viva exigiendo la anulación del Decreto de la Junta de Andalucía (homologado en el parlamento autonómico en esta situación de «estado de alarma») por el que se modifican multitud de leyes y normas para eliminar regulaciones en muy diversos ámbitos y facilitar que los grandes inversores sigan encontrando, aún más que ahora, en Andalucía una fuente de apropiación de riqueza sin reparar en daños y desprotegiendo las actividades locales.
Para las principales organizaciones ecologistas se trata de un auténtico despropósito
Con la excusa de «eliminar barreras burocrática» y de «fomentar la actividad productiva» se eliminan garantías, evaluaciones y análisis sobre los impactos de todo tipo (ambientales, sociales, de empleo, respecto al Patrimonio, etc.) de las inversiones de capital.
Como señala la Declaración, el Decreto significa una vuelta de tuerca más en el camino que se viene recorriendo (por el actual gobierno de la Junta y los anteriores) en dirección contraria a los intereses, necesidades y anhelos del pueblo andaluz y una profundización en nuestra dependencia económica, subordinación política y subalternidad cultural.
«ANDALUCÍA VIVA. DECLARACIÓN EN CONTRA DEL DECRETO DEL GOBIERNO ANDALUZ DE “MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA”
El pasado jueves día 2 de abril y en condiciones de muy dudosa legalidad, -con la población en la situación excepcional de confinamiento, tramitado por la vía de urgencia y sin pasar por el Pleno del Parlamento-, se aprobó por el Gobierno andaluz un Decreto de importantes implicaciones sociales y económicas que supone una amplia supresión de garantías y elementos de control y regulación de las actividades económicas; una eliminación de normas que afectan a diferentes ámbitos de entre los cuales cabe señalar en esta declaración los siguientes:
En el ámbito del urbanismo y la ordenación del territorio se reforman dos leyes.
La Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, con el objetivo, se dice, de fomentar la construcción.
Las reformas rebajan elementos de control a la hora de planificar nuevos proyectos urbanísticos y eliminan garantías establecidas para preservar la calidad medioambiental.
En la tramitación de planes urbanísticos se suprimen los informes de las administraciones sectoriales y se sustituye el régimen de autorización ambiental, dependiente de la Junta, por el de calificación ambiental, mucho más permisivo y que aprueban los ayuntamientos.
En determinados casos se sustituye la licencia urbanística por la declaración responsable del constructor, estableciéndose el control a posteriori.
Para la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas y aprovechamientos minerales se suprime el procedimiento anterior que incluía una evaluación ambiental sustituyéndolo por un mero informe. Se facilitan intervenciones en el entorno de los bienes de interés cultural, eliminando la autorización preceptiva de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
En el comercio se modifica la Ley de Comercio Interior.
Se incrementan y flexibilizan los días y horarios de apertura de los establecimientos comerciales, estableciéndose así un marco “lo menos restrictivo posible” para el comercio. Lo que permitirá, según el Decreto, “incentivar la inversión por parte de grandes empresas promotoras, nacionales o internacionales, en la construcción y puesta en marcha de grandes centros y parques comerciales”. (más…)
Otra Córdoba es posible 