Debates


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La UCO ha aprobado un calendario académico para septiembre 2021 donde las clases empiezan otra vez tempranísimo, el 9 de septiembre.

Este comienzo de clases por supuesto no ha sido consultado con el profesorado, sino que ha sido una decisión tomada desde las alturas. Este curso además con la quinta ola disparada desconocemos en qué modalidad empezaremos a darlas: Presencial, semipresencial o totalmente virtual.

El cortijo universitario andaluz es muy variado, para el curso pasado tuvimos una biodiversidad tremenda en los inicios de las clases.

La primera universidad comenzó el 9 septiembre que fue la de Córdoba y la última, la de Sevilla casi un mes más tarde, el 5 de octubre. Ante esta disparidad podemos deducir que no existen criterios pedagógicos para la elección temprana del inicio de clases.

El comienzo de clases en las universidades públicas andaluzas fue durante el curso 2020-2021:

Universidad de Cádiz- 22 de septiembre

Universidad de Huelva-1 de octubre

Universidad de Sevilla-5 de octubre

Universidad de Jaén- 21 de septiembre

Universidad de Granada-21 de septiembre

Universidad de Almería-14 de septiembre

Universidad de Málaga-1 de octubre

Universidad de Córdoba-9 de septiembre

Ecologistas en Acción entiende que, aunque el proyecto formalmente pueda estar muy bien elaborado, adolece de una carencia: Córdoba nunca ha tenido al emprendimiento militar como un valor, lo que puede comprobarse con la lectura de los diversos planes de futuro que ayuntamientos de distinto signo político han elaborado.

Por tanto, el emprendimiento militar y su I+D avanzará ayudado por un nuevo máster de logística y el conocimiento que aporte un “Campus de excelencia internacional agroalimentario”, CEIA3, lo que no parece mucho.

Parece que el Ministerio de Defensa ha hecho valer para su decisión la reciente historia militar de nuestra ciudad. Debemos reconocer que el “emprendimiento” militar tiene raíces en Córdoba no en vano desde 1964 al 1987 los jóvenes andaluces y extremeños pasaban casi dos meses de “logística” en Cerro Muriano y Ovejo en los centros de instrucción y reclutamiento, CIR4 y CIR5. El ministerio debe haber recordado esta aportación y también la posterior adaptación de las zonas ocupadas por esos centros de instrucción en espacios donde se sitúan importantes unidades militares de la OTAN.

El colectivo ecologista lamenta que todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la ciudad hayan apoyado el proyecto por el crecimiento económico que supuestamente representa y el número de empleos que supuestamente generará.

Se habla de cambio de modelo económico, incentivador de la investigación, del desarrollo de industrias auxiliares, etc, … Por ahora la única voz que se ha opuesto públicamente es la de Ecologistas en Acción -por considerar que el desarrollo de lo militar generaría un peligro innecesario para la sociedad y es ese aspecto militar del proyecto del que casi no se habla, una lástima, ya que el estamento militar en su parcela tiene una especial manera de gestionar los problemas-, pero nos consta que el antimilitarismo y el pacifismo tienen mucha presencia en numerosos movimientos de Córdoba.

Por contraposición a la euforia reinante, Ecologistas entiende que con su propuesta se rompería la tendencia arraigada en nuestra ciudad de que los distintos proyectos de ciudad se hagan al margen de sus habitantes y en beneficio de unos supuestos emprendedores a los que se les permite utilizar a la ciudad, como fuente de negocio y beneficio, bajo el chantaje de la creación de empleo.

El proyecto del Centro de logística militar tiene un horizonte de 50 años lo que nos llevará a 2070 y durante ese tiempo se supone habrá crecimiento económico y aumento de puestos de trabajo.

Son momentos difíciles, la pandemia cuestiona nuestro modelo económico (no solo el de Córdoba) y en medio del aumento del paro y la crisis social y económica es fácil vender el engaño de que es posible hacer crecer la economía de una ciudad hasta el infinito dentro de un mundo finito.

Ecologistas en Acción afirma que este camino no lleva a Córdoba a ningún sitio diferente de lo que ya hemos probado en el pasado, aunque ahora le hemos añadido la gestión militar al modelo.

Ecologistas en Acción entiende que con los 350 millones de euros y las 85 Ha, que costará el Centro logístico del Ejército se podría avanzar en un nuevo modelo de ciudad compatible con las inversiones europeas que se recibirán y que entre otras tuviera las siguientes características:

  • La Administración local deberá intervenir directamente a través de la creación de una red de empresas con capital público que se conviertan en referentes en los sectores de más significación: energética, agropecuario, sanitaria, turístico, vivienda social, etc.
  • Promover un modelo agroalimentario que tenga como objetivo principal la autosuficiencia, para lo cual se aplicarán mecanismos que garanticen la Seguridad alimentaria desde la perspectiva y conforme a los principios de la Soberanía alimentaria.
  • Incentivar el establecimiento en los barrios de talleres de reparación compatibles con otros usos urbanos.
  • Apoyar, especialmente, iniciativas de puesta en marcha de mercados sociales de carácter asociativo o cooperativas que ofrezcan productos ecológicos, de comercio justo, de procedencia local (circuitos cortos) o de producción ética. Así como iniciativas locales que ayuden a la promoción de estas herramientas de economía local, con alternativas habitacionales, socioeducativas y culturales.
  • Elaboración de un Programa municipal que favorezca la implantación de sistemas de gestión medioambiental en el sector de la Hostelería y Ocio, por ser uno de los sectores socioeconómicos estratégicos de la ciudad y de mayor impacto ambiental.
  • Depositar las finanzas municipales en iniciativas de “Banca Ética” o gestionarlas en este tipo de entidades financieras de manera que se garantice que dichos recursos van a ser utilizados responsablemente e invertidos en proyectos viables social y ambientalmente.
  • Para evitar que las medidas encaminadas a la protección del medio ambiente y al desarrollo de otro modelo económico, se convierta en una carga para las clases trabajadoras más necesitadas, se apoyará la implantación en el Estado de medidas como una Renta Básica Universal(RBU) que además proteja los avances de la sanidad, educación y protección social pública.

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Acaba de publicarse en la revista Habitat y Sociedad un monográfico sobre la Bicicleta.

Hay un interesante artículo de Francisco Bastida, “La Bicicleta y el Estado Social de Derecho” del que he sacado algunas interesantes citas que voy a ir poniendo en diferentes entradas.

Tras el franquismo, la Constitución de 1978 proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho.

Esta dimensión social tiene un potencial muy grande en el desarrollo de políticas en las que la bicicleta puede jugar un papel relevante; sin embargo, apenas se ha implementado en los cuarenta años de vida constitucional.

Obviamente, la Constitución no menciona la bicicleta, aunque sí podría ser relevante su omisión.

En su art. 149.1.21ª dispone que es competencia exclusiva del Estado “el tráfico y circulación de vehículos a motor”.

El ostracismo legal al que se sometió a la bicicleta en España llega prácticamente hasta el último año del siglo xx, cuando se aprueba la Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo.

Con este significativo título la legislación reconoce que “la bicicleta es un eficaz medio de transporte que representa una alternativa cotidiana viable para muchas personas”, y también el problema que supone que “el uso de la bicicleta se ve en la actualidad limitado y estrictamente condicionado por el gran medio de transporte de nuestros tiempos: el automóvil de motor”.

Se admite el riesgo y las dificultades que entraña el uso de la bicicleta frente a los vehículos a motor´.

Podría decirse que la bicicleta es considerada una intrusa desde el punto de vista social, repudiada por peatones y por automovilistas, y también desde el punto legal.

Su regulación es escasa y aparece inserta de mala manera en la propia de los vehículos a motor.

50648847133_73f0b982e4_cSeguimos con los posts dedicados al artículo de Bastida en el monográfico sobre la bicicleta.

La protección jurídica de las y los ciclistas y el trato normativo preferente a la bicicleta.

La protección jurídica de los ciclistas se debe a que son un colectivo vulnerable frente al peligro objetivo que conlleva la circulación entre vehículos a motor.

De ahí la necesidad de medidas que les den prioridad frente a estos vehículos.

Sin embargo, la necesidad de un trato normativo preferente a la bicicleta no obedece solamente a la vulnerabilidad del ciclista, sino a la función social que esta cumple, a diferencia de los vehículos a motor.

Los medios de transporte colectivo, autobuses, tranvías, no son vehículos vulnerables, pero gozan de un trato preferente por la función social que desarrollan en contraste con los automóviles particulares.

Lo mismo sucede con la bicicleta; favorece, además de la salud individual de los ciclistas, la salud colectiva: no contamina el medio ambiente y reduce la siniestralidad directa e indirecta.

Como ya se ha expresado en otras ocasiones, en términos colectivos, la ampliación de calles restringidas al tráfico, la reducción de los límites de velocidad, los carriles bici, segregados o híbridos, etc. no son medidas a favor del ciclista y en contra de los coches particulares, sino a favor de la ciudad y de su ciudadanía.

Si uno de los beneficiarios concretos es el ciclista, lo es por usar un vehículo que favorece la ejecución de esos principios rectores (salud, medioambiente, economía, baja siniestralidad), igual que se favorece al usuario/a de transporte público (carril bus, semáforos inteligentes para el bus, paradas bajo techo e informatizadas, precios públicos), porque coadyuva al cumplimiento de esos principios rectores que mejoran la calidad de vida de la ciudad y de sus ciudadanos y ciudadanas.

Si la bicicleta cumple esa función social en los desplazamientos urbanos es coherente que se arbitren las medidas necesarias para optimizar su uso.

Habida cuenta de que el tráfico rodado actual es un terreno hostil para la bicicleta, es necesario pacificarlo, adoptando medidas que reviertan la situación, incluso con regulaciones que podrían calificarse de discriminaciones positivas.

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Acaba de publicarse en la revista Habitat y Sociedad un monográfico sobre la Bicicleta.

Hay un interesante artículo de Francisco Bastida, “La Bicicleta y el Estado Social de Derecho” del que he sacado algunas interesantes citas que voy a ir poniendo en diferentes entradas.

Hasta hace bien poco la bicicleta ha sufrido como vehículo la estigmatización social, al estar vinculada a un estatus de pobreza, de insuficiencia de recursos para comprar un automóvil, de incapacidad para prosperar.

Este desprecio social ha tenido su reflejo en su regulación jurídica.

El problema está en que, por la comodidad y el egoísmo individual, una parte importante de la población, a la vez que exige esas garantías sociales, se resiste a cambiar de hábitos que son los que causan la degradación de la salud medioambiental y la inseguridad en la movilidad.

Una resistencia que se materializa en la oposición a políticas públicas que obliguen a ese cambio de hábitos.

En la medida en que la bicicleta emerge como solución, se concita contra ella una doble animadversión:

La clásica de ser considerada un estorbo u obstáculo en la circulación de los vehículos a motor, y la nueva, al ver en ella, y no en la protección de la salud pública, la causa de que se achique el espacio a los vehículos a motor y se rebajen los límites de velocidad.

47809840632_35b2367358_cEcologistas en Acción  critica la nueva línea de subvenciones de la Junta de Extremadura destinada a la adquisición de vehículos eléctricos, ya que entiende que estas ayudas favorecen con dinero público a particulares y empresas con el poder adquisitivo suficiente para adquirir unos vehículos que son inaccesibles para muchas personas y que, en cambio, estas personas más desfavorecidas económicamente van a pagar con sus impuestos parte del importe de los vehículos de las personas y empresas más pudientes.

Mientras tanto, el ferrocarril alimentado por energías renovables, el tren sostenible, público y social brilla por su ausencia.

No obstante, Ecologistas en Acción sí encuentra justificable el apoyo de la administración regional a la adquisición de vehículos eléctricos por parte de los ayuntamientos, siempre y cuando estén destinados a dotación de servicios, emergencias o al transporte público colectivo en sustitución del tráfico rodado de vehículos individuales.

Es necesario resaltar que los vehículos eléctricos presentan el problema de que se basan en baterías compuestas por minerales limitados, como el litio o el cobalto, cuya extracción crea graves problemas medioambientales y sociopolíticos.

Ejemplo de ello es la perpetua guerra que se desarrolla en el Congo en torno al cobalto y el coltán; el reciente golpe de estado en Bolivia, motivado principalmente por sus enormes reservas de litio, o los generados por los proyectos de minería para extraer ese mismo mineral, ubicados en la provincia de Cáceres.

Ecologistas en Acción de Extremadura expone que el vehículo eléctrico beneficia únicamente a las grandes compañías del sector de la automoción y a las grandes corporaciones de la minería, que están generando en la población la ilusión de que es posible perpetuar el actual modelo de movilidad, basado en la proliferación de vehículos particulares, con tan sólo sustituir el combustible fósil por el motor eléctrico.

Pero un análisis riguroso de las existencias de los materiales estratégicos para la producción de los vehículos eléctricos demuestra que esta no es una solución viable ni a medio ni a largo plazo, dadas sus limitadas reservas y los mencionados problemas que su extracción y producción generan.

Por tanto, una administración responsable y preocupada por el bienestar de la sociedad debería volcar sus esfuerzos en el desarrollo del transporte ferroviario realizando las inversiones públicas pertinentes.

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Foto del ABC de Córdoba.

El próximo Miércoles 20 de Noviembre.

A las 19 horas en el Salón de Actos de la Casa Ciudadana tendremos una interesante Mesa/Debate sobre Movilidad Sostenible.

En esta mesa/debate participarán Miguel Angel Torrico, Concejal Delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba y Ana Tamayo, Gerente de AUCORSA.

Los objetivos que nos hemos marcado al realizar esta Mesa/Debate es el conocimiento de los planes que esta nueva Corporación tiene previstos para implantar en nuestra ciudad una cada vez más demandada Movilidad Sostenible.

De igual manera conoceremos los planes de futuro para AUCORSA, vías de solución al problema del Taxi, red de carriles bicis, red de anillos de circunvalación de la ciudad etc.

Creemos fundamental la presencia de representantes vecinales a esta Mesa/Debate ya que esta nueva Corporación debe conocer de primera mano las reivindicaciones vecinales que al respecto de estos temas existen.

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¿Cómo llevo la campaña? Que no encuentro el twitter de Rosa Aguilar todavía. Debe ser una de las políticas más famosas y que está missing, que no pedalea por la Red.

Desde mi bicicleta recuerdo que la Consejería de Fomento ha hecho sólo 3,2 kilómetros de los 31 kilómetros de vías ciclistas urbanas que para Córdoba contemplaba el Plan Andaluz de la Bicicleta. Sigo pedaleando y noto lo poco presente que el cambio climático está en la campaña. Este país y esta autonomía especialmente van a cambiar más por el cambio climático que si Cataluña se independiza lo dice además un gran divulgador de la ciencia Andreu Escrivá.

Vaya semana de lluvia, cojo el bus de Aucorsa, y me acuerdo del bochornoso retraso de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible que estaba casi acabada en septiembre del 2014 e iba a convertir Andalucía en un referente en la promoción del transporte público, la bici y el peatón.

El discurso es manifiestamente pro bicicleta pero no existe una política y normativa definida en la autonomía que integre la bici en la movilidad de la región.

Se me sale la cadena por el casco histórico delante de la biblioteca provincial y añoro tiempos mejores en que no había recortes en horario de aperturas ni en compras de libros y DVds, las talas llegaron para quedarse. (más…)

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