Debates


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Esto también es un vehículo privado.

Si algo es importante en un documento de planificación como es el PITMA es el uso correcto de la terminología.

En los últimos tiempos se viene leyendo en la prensa, se viene escuchando en la radio, en las jornadas de movilidad sostenible en las que participamos, y cada vez más en la sociedad en general, como se denomina “vehículo privado” al coche particular.

Consideramos un error de bulto esa denominación, pero lo que más nos sorprende es que sea justamente las administraciones públicas, que deberían ser los adalides de la corrección semántica, quienes den mayor pie a ello.

En el documento PITMA se utiliza sistemáticamente la denominación “vehículo privado” para referirse al “coche”

Sin embargo, vehículo es, según el Reglamento General de Circulación, un “aparato apto para circular por las vías o terrenos”, por lo tanto vehículos privados son, además de los coches: las motos, los caballos, las bicicletas,los vehículos de Movilidad Personal(patinetes), los camiones y un largo etcétera de otros vehículos.

La bicicleta, según el Reglamento General de Circulación, es un vehículo y toda aquella que no sea de uso público (como lo puedan ser las bicicletas públicas) son privadas.

Por lo tanto, mi bicicleta es también un vehículo privado.

Wikipedia define vehículo de una manera más comprensible. Para resumirlo: “Es un aparato de cualquier tipo, forma o época que se utiliza para transportar cargas o personas, con o sin motor, incluidos los transportes de animales.” (el subrayado es nuestro)

Por todo ello cuando, por ejemplo, se habla de que en las ciudades hay que reducir el uso del vehículo privado debido a la contaminación y otros problemas que produce, eso implica que sólo los vehículos públicos no crean esos problemas, es decir, los taxis (vehículo público), los autobuses (vehículo público), etc. no crean esos problemas, pero un vehículo privado como la bicicleta, sí estaría creando esos problemas de contaminación.

Venimos insistiendo desde hace bastante tiempo en que no se denomine al coche como vehículo privado, pues se le está atribuyendo un estatus «vehículo” y “privado» que no son exclusivos de ese medio de transporte, aunque en algunos ámbitos interesa que se dé ese mensaje.

Privados lo son otros muchos vehículos además de los coches particulares. Ya hemos mencionado algunos antes.

Lo privado es considerado, en el actual imaginario social, como algo positivo, como algo propio, como algo que está al alcance de unos pocos, de los elegidos. Anteponiéndolo a lo público, que se quiere ver como algo denostado, que es lo que está al alcance de todos, de la plebe, de la mayoría.

Un estudio semiológico más profundo nos llevaría aún más allá, nos llevaría a determinar que ese término de vehículo privado es cuando menos una promesa de libertad, de progreso, de personalidad, de ascenso social. Esto puede que sea de interés para las compañías creadoras de vehículos contaminantes o vendedoras de combustibles fósiles. Pero no es muy comprensible que les sigan el juego los medios de comunicación e incluso, como hemos tenido ocasión de ver, afamados urbanistas, gestores de movilidad y otras personas que claramente deberían cuidar detalles semánticos como éste, así como las administraciones públicas.

Entonces ¿Cómo llamar al coche en el documento PISTA 2020?.

Desde luego no es correcto llamarlo “vehículo privado” como hemos razonado anteriormente.

PROPUESTA:

En el documento de revisión del PITMA, al coche se le debería llamar coche o automóvil sin más. Lo suyo es llamar siempre a las cosas por su nombre.

Si se quiere uno referir al coche, pero se quiere enfatizar su privacidad, para contraponerlo a los usos públicos del transporte colectivo, se le puede llamar coche o automóvil particular o privado.

Si nos estamos refiriendo a coches y motos, entonces se les puede llamar vehículos motorizados particulares o privados.

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Construcción Ronda Norte Córdoba.

En estos tiempos de pandemia COVID-19 los esfuerzos económicos deberían focalizarse en reconstruir el sistema sanitario, educativo y asistencial en lugar de invertir dinero público en un sistema de autovías y rondas que la propia Junta de Andalucía evalúa en sus documentos como sobredimensionado.

Un objetivo clave del lobby del asfalto y el hormigón es asegurar que los gastos viales estén aislados de la competencia con otras prioridades de gasto, así como del escrutinio político y las consecuencias de la alternancia de diferentes partidos en el poder.

Esto puede suceder cuando los gobiernos, por diversas razones, asignan fondos o adoptan procedimientos de evaluación de inversiones y toma de decisiones que se inclinan hacia la construcción de carreteras en lugar de invertir en Sanidad o Educación.

En estas condiciones, es posible que el cabildeo directo ya no sea necesario, ya que la construcción de carreteras gana impulso y se afianza en el funcionamiento del gobierno.

Las instituciones culturales que se han unido en torno al automóvil privado, dándole un estatus icónico en todo el mundo, son fundamentales para el sistema de transporte dependiente del automóvil y están estrechamente entrelazadas con todos los demás elementos del sistema

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Aula en el Campus de Rabanales en la UCO.

Universidad de Granada- 13 de septiembre

Pablo de Olavide- 20 septiembre.

Universidad de Málaga- 27 septiembre.

Universidad de Sevilla- 20 de septiembre.

Universidad de Córdoba-9 de septiembre

Universidad de Almería-8 de septiembre

Universidad de Jaén- 9 de septiembre.

No he conseguido que me envíen el comienzo de las clases en Huelva, pues no contestan al buzón de Twitter.

Como vemos hay cierta disparidad de criterios en la fecha de comienzo.

Como siempre la Universidad de Córdoba es casi la primera que empieza.

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La UCO ha aprobado un calendario académico para septiembre 2021 donde las clases empiezan otra vez tempranísimo, el 9 de septiembre.

Este comienzo de clases por supuesto no ha sido consultado con el profesorado, sino que ha sido una decisión tomada desde las alturas. Este curso además con la quinta ola disparada desconocemos en qué modalidad empezaremos a darlas: Presencial, semipresencial o totalmente virtual.

El cortijo universitario andaluz es muy variado, para el curso pasado tuvimos una biodiversidad tremenda en los inicios de las clases.

La primera universidad comenzó el 9 septiembre que fue la de Córdoba y la última, la de Sevilla casi un mes más tarde, el 5 de octubre. Ante esta disparidad podemos deducir que no existen criterios pedagógicos para la elección temprana del inicio de clases.

El comienzo de clases en las universidades públicas andaluzas fue durante el curso 2020-2021:

Universidad de Cádiz- 22 de septiembre

Universidad de Huelva-1 de octubre

Universidad de Sevilla-5 de octubre

Universidad de Jaén- 21 de septiembre

Universidad de Granada-21 de septiembre

Universidad de Almería-14 de septiembre

Universidad de Málaga-1 de octubre

Universidad de Córdoba-9 de septiembre

Ecologistas en Acción entiende que, aunque el proyecto formalmente pueda estar muy bien elaborado, adolece de una carencia: Córdoba nunca ha tenido al emprendimiento militar como un valor, lo que puede comprobarse con la lectura de los diversos planes de futuro que ayuntamientos de distinto signo político han elaborado.

Por tanto, el emprendimiento militar y su I+D avanzará ayudado por un nuevo máster de logística y el conocimiento que aporte un “Campus de excelencia internacional agroalimentario”, CEIA3, lo que no parece mucho.

Parece que el Ministerio de Defensa ha hecho valer para su decisión la reciente historia militar de nuestra ciudad. Debemos reconocer que el “emprendimiento” militar tiene raíces en Córdoba no en vano desde 1964 al 1987 los jóvenes andaluces y extremeños pasaban casi dos meses de “logística” en Cerro Muriano y Ovejo en los centros de instrucción y reclutamiento, CIR4 y CIR5. El ministerio debe haber recordado esta aportación y también la posterior adaptación de las zonas ocupadas por esos centros de instrucción en espacios donde se sitúan importantes unidades militares de la OTAN.

El colectivo ecologista lamenta que todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la ciudad hayan apoyado el proyecto por el crecimiento económico que supuestamente representa y el número de empleos que supuestamente generará.

Se habla de cambio de modelo económico, incentivador de la investigación, del desarrollo de industrias auxiliares, etc, … Por ahora la única voz que se ha opuesto públicamente es la de Ecologistas en Acción -por considerar que el desarrollo de lo militar generaría un peligro innecesario para la sociedad y es ese aspecto militar del proyecto del que casi no se habla, una lástima, ya que el estamento militar en su parcela tiene una especial manera de gestionar los problemas-, pero nos consta que el antimilitarismo y el pacifismo tienen mucha presencia en numerosos movimientos de Córdoba.

Por contraposición a la euforia reinante, Ecologistas entiende que con su propuesta se rompería la tendencia arraigada en nuestra ciudad de que los distintos proyectos de ciudad se hagan al margen de sus habitantes y en beneficio de unos supuestos emprendedores a los que se les permite utilizar a la ciudad, como fuente de negocio y beneficio, bajo el chantaje de la creación de empleo.

El proyecto del Centro de logística militar tiene un horizonte de 50 años lo que nos llevará a 2070 y durante ese tiempo se supone habrá crecimiento económico y aumento de puestos de trabajo.

Son momentos difíciles, la pandemia cuestiona nuestro modelo económico (no solo el de Córdoba) y en medio del aumento del paro y la crisis social y económica es fácil vender el engaño de que es posible hacer crecer la economía de una ciudad hasta el infinito dentro de un mundo finito.

Ecologistas en Acción afirma que este camino no lleva a Córdoba a ningún sitio diferente de lo que ya hemos probado en el pasado, aunque ahora le hemos añadido la gestión militar al modelo.

Ecologistas en Acción entiende que con los 350 millones de euros y las 85 Ha, que costará el Centro logístico del Ejército se podría avanzar en un nuevo modelo de ciudad compatible con las inversiones europeas que se recibirán y que entre otras tuviera las siguientes características:

  • La Administración local deberá intervenir directamente a través de la creación de una red de empresas con capital público que se conviertan en referentes en los sectores de más significación: energética, agropecuario, sanitaria, turístico, vivienda social, etc.
  • Promover un modelo agroalimentario que tenga como objetivo principal la autosuficiencia, para lo cual se aplicarán mecanismos que garanticen la Seguridad alimentaria desde la perspectiva y conforme a los principios de la Soberanía alimentaria.
  • Incentivar el establecimiento en los barrios de talleres de reparación compatibles con otros usos urbanos.
  • Apoyar, especialmente, iniciativas de puesta en marcha de mercados sociales de carácter asociativo o cooperativas que ofrezcan productos ecológicos, de comercio justo, de procedencia local (circuitos cortos) o de producción ética. Así como iniciativas locales que ayuden a la promoción de estas herramientas de economía local, con alternativas habitacionales, socioeducativas y culturales.
  • Elaboración de un Programa municipal que favorezca la implantación de sistemas de gestión medioambiental en el sector de la Hostelería y Ocio, por ser uno de los sectores socioeconómicos estratégicos de la ciudad y de mayor impacto ambiental.
  • Depositar las finanzas municipales en iniciativas de “Banca Ética” o gestionarlas en este tipo de entidades financieras de manera que se garantice que dichos recursos van a ser utilizados responsablemente e invertidos en proyectos viables social y ambientalmente.
  • Para evitar que las medidas encaminadas a la protección del medio ambiente y al desarrollo de otro modelo económico, se convierta en una carga para las clases trabajadoras más necesitadas, se apoyará la implantación en el Estado de medidas como una Renta Básica Universal(RBU) que además proteja los avances de la sanidad, educación y protección social pública.

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Acaba de publicarse en la revista Habitat y Sociedad un monográfico sobre la Bicicleta.

Hay un interesante artículo de Francisco Bastida, “La Bicicleta y el Estado Social de Derecho” del que he sacado algunas interesantes citas que voy a ir poniendo en diferentes entradas.

Tras el franquismo, la Constitución de 1978 proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho.

Esta dimensión social tiene un potencial muy grande en el desarrollo de políticas en las que la bicicleta puede jugar un papel relevante; sin embargo, apenas se ha implementado en los cuarenta años de vida constitucional.

Obviamente, la Constitución no menciona la bicicleta, aunque sí podría ser relevante su omisión.

En su art. 149.1.21ª dispone que es competencia exclusiva del Estado “el tráfico y circulación de vehículos a motor”.

El ostracismo legal al que se sometió a la bicicleta en España llega prácticamente hasta el último año del siglo xx, cuando se aprueba la Ley 43/1999, de 25 de noviembre, sobre adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo.

Con este significativo título la legislación reconoce que “la bicicleta es un eficaz medio de transporte que representa una alternativa cotidiana viable para muchas personas”, y también el problema que supone que “el uso de la bicicleta se ve en la actualidad limitado y estrictamente condicionado por el gran medio de transporte de nuestros tiempos: el automóvil de motor”.

Se admite el riesgo y las dificultades que entraña el uso de la bicicleta frente a los vehículos a motor´.

Podría decirse que la bicicleta es considerada una intrusa desde el punto de vista social, repudiada por peatones y por automovilistas, y también desde el punto legal.

Su regulación es escasa y aparece inserta de mala manera en la propia de los vehículos a motor.

50648847133_73f0b982e4_cSeguimos con los posts dedicados al artículo de Bastida en el monográfico sobre la bicicleta.

La protección jurídica de las y los ciclistas y el trato normativo preferente a la bicicleta.

La protección jurídica de los ciclistas se debe a que son un colectivo vulnerable frente al peligro objetivo que conlleva la circulación entre vehículos a motor.

De ahí la necesidad de medidas que les den prioridad frente a estos vehículos.

Sin embargo, la necesidad de un trato normativo preferente a la bicicleta no obedece solamente a la vulnerabilidad del ciclista, sino a la función social que esta cumple, a diferencia de los vehículos a motor.

Los medios de transporte colectivo, autobuses, tranvías, no son vehículos vulnerables, pero gozan de un trato preferente por la función social que desarrollan en contraste con los automóviles particulares.

Lo mismo sucede con la bicicleta; favorece, además de la salud individual de los ciclistas, la salud colectiva: no contamina el medio ambiente y reduce la siniestralidad directa e indirecta.

Como ya se ha expresado en otras ocasiones, en términos colectivos, la ampliación de calles restringidas al tráfico, la reducción de los límites de velocidad, los carriles bici, segregados o híbridos, etc. no son medidas a favor del ciclista y en contra de los coches particulares, sino a favor de la ciudad y de su ciudadanía.

Si uno de los beneficiarios concretos es el ciclista, lo es por usar un vehículo que favorece la ejecución de esos principios rectores (salud, medioambiente, economía, baja siniestralidad), igual que se favorece al usuario/a de transporte público (carril bus, semáforos inteligentes para el bus, paradas bajo techo e informatizadas, precios públicos), porque coadyuva al cumplimiento de esos principios rectores que mejoran la calidad de vida de la ciudad y de sus ciudadanos y ciudadanas.

Si la bicicleta cumple esa función social en los desplazamientos urbanos es coherente que se arbitren las medidas necesarias para optimizar su uso.

Habida cuenta de que el tráfico rodado actual es un terreno hostil para la bicicleta, es necesario pacificarlo, adoptando medidas que reviertan la situación, incluso con regulaciones que podrían calificarse de discriminaciones positivas.

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Acaba de publicarse en la revista Habitat y Sociedad un monográfico sobre la Bicicleta.

Hay un interesante artículo de Francisco Bastida, «La Bicicleta y el Estado Social de Derecho» del que he sacado algunas interesantes citas que voy a ir poniendo en diferentes entradas.

Hasta hace bien poco la bicicleta ha sufrido como vehículo la estigmatización social, al estar vinculada a un estatus de pobreza, de insuficiencia de recursos para comprar un automóvil, de incapacidad para prosperar.

Este desprecio social ha tenido su reflejo en su regulación jurídica.

El problema está en que, por la comodidad y el egoísmo individual, una parte importante de la población, a la vez que exige esas garantías sociales, se resiste a cambiar de hábitos que son los que causan la degradación de la salud medioambiental y la inseguridad en la movilidad.

Una resistencia que se materializa en la oposición a políticas públicas que obliguen a ese cambio de hábitos.

En la medida en que la bicicleta emerge como solución, se concita contra ella una doble animadversión:

La clásica de ser considerada un estorbo u obstáculo en la circulación de los vehículos a motor, y la nueva, al ver en ella, y no en la protección de la salud pública, la causa de que se achique el espacio a los vehículos a motor y se rebajen los límites de velocidad.

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