Ya he tratado en este blog sobre las inmensas cantidades de dinero público enterradas en este recinto de torturas. Y desconozco además a cuánto asciende el gasto de mantenimiento municipal para que se conserven unas instalaciones en las que puede haber un par de eventos taurinos al año.

Ya en el año 2014 la ex presidenta de la Diputación de Córdoba y alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, justificaba en Diario Córdoba que se había enterrado en este sitio nada menos que 1,7 millones de euros de dinero de mis impuestos.

Todo este derroche de dinero público gracias tanto a alcaldías del PSOE como del PP. Aprovechando que presidía doña María Luisa la Diputación destinó un presupuesto de 200.000 euros a sustituir cableado.

Y ahora se ve que sigue teniendo tan poca utilidad que se pretende alquilarla para bodas, pero tampoco se ponen de acuerdo los partidos sobre cuánto hay que cobrarles a los usuarios y nada menos que los políticos socialistas y peperos pretenden desarrollar una inmensa ordenanza municipal para esto. Curioso porque a la empresa que organiza las pocas corridas se la ceden por cuatro euros.

Asi se recoge la noticia en el Acorazado:

Tras la exposición de la propuesta en el Pleno, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Miguel Forcada, pidió la aprobación del punto, destacando una tarifa en concepto de arrendamiento del inmueble. Será de un mínimo de tres días para bodas de 900 euros más su correspondiente IVA, además de una fianza de 600 euros y otros 200 euros más por cada día más adicional.

Tras la propuesta se procedió a la votación, que contó primero con el apoyo de Participa Priego, el voto en contra del PA y tras la intervención del portavoz socialista, éste propuso dejar el punto sobre la mesa, al proponer su grupo que en vez de tarifas para uso discrecional, lo que se debería hacer era crear una ordenanza fija por utilización del inmueble, además de solicitar informes para saber si se pueden celebrar allí este tipo de actos.

Ante tal propuesta, el grupo popular votó en el mismo sentido, es decir, dejarlo sobre la mesa y traerlo para su aprobación o no definitiva en el próximo Pleno. Mientras tanto se faculta a la Alcaldía para autorizar o no, las celebraciones de bodas mediante decreto, hasta que la aprobación sea definitiva.

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