Bicicleta aparcada en la Plaza Tendillas, Córdoba.

Ayer aparecía esta noticia en el diario El Día de Sevilla:

Una reciente modificación de la Ley de Tráfico permite que las bicis aparquen sobre “aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones”, siempre que no estorben y si así lo aprueben los municipios por ordenanza municipal, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado 283 del 24 de noviembre. La medida, aprobada en el Congreso, entra en vigor a los seis meses de su publicación, es decir, a finales del próximo mes de mayo.

La asociación ciclista A Contramano aplaude esta modificación legislativa en la Ley de Tráfico, pero asegura que las entidades de defensa de la bicicleta llevan años pidiendo reformas en profundidad dirigidas a que la bici urbana deje de considerarse como un vehículo idéntico a los ciclomotores y motos de gran cilindrada, una situación “anacrónica”. Los ciclistas reclaman que el Código de Circulación se adapte a la realidad de las ciudades, como se adaptó en 1999 a la práctica del ciclismo deportivo. En opinión de su portavoz, Ricardo Marqués, “la reforma supone la normalización progresiva de la ley española a las legislaciones de otros países de la Unión Europea y ratifica que los ayuntamientos tengan capacidad de decisión para aprobar el aparcamiento de bicis en las aceras”.

Otra modificación legislativa aprobada en diciembre permite que las bicicletas puedan llevar remolques y enganches para niños, algo prohibido hasta ahora en el Código de Circulación y que consta en la ordenanza sevillana, aunque también fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hasta tanto el Supremo se pronuncie.

La Comisión de Seguridad Vial del Congreso aprobó este punto en una Proposición no de Ley apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP. La propuesta partió de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para que el Gobierno cambie el Reglamento General de Circulación. Los grupos aceptaron una enmienda del PSOE por la que el Ejecutivo dispondrá de un año para incluir esta modificación, en lugar de los seis meses que pretendía el grupo político catalán.