Zapatero y sus mentiras sobre las nucleares.

Comunicado de Grenpeace sobre el regalo de Papa Noel Miguel Sebastian con motivo de la Navidad.

La propuesta de Industria de autorizar prórrogas a las centrales nucleares más allá de los 40 años choca frontalmente con la Ley de Economía Sostenible.

Greenpeace ha mostrado su oposición a la decisión de ayer del Consejo de Ministros de “dar luz verde” a la propuesta del Ministerio de Industria de poner en marcha el proceso de construcción del cementerio nuclear centralizado (autorizando como primer paso la publicación de la convocatoria para la selección de los municipios candidatos). La organización ecologista considera que el Consejo de Ministros atenta, de este modo, contra la credibilidad de su propio anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y de su discurso de sostenibilidad ambiental.

“El Gobierno sigue empeñado en seguir la estrategia de ENRESA de conseguir candidatos para el cementerio nuclear a base de tentar a los alcaldes con dinero público. Además de resultar poco ético, el Gobierno debe entender que tratar de resolver así un problema tan grave como el de los residuos radiactivos es muy poco serio”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de Nuclear de Greenpeace.

Un problema de primer orden de magnitud, desde el punto de vista social, medioambiental y económico, como el de los residuos radiactivos, no se puede resolver sin un previo consenso social y político. Para que éste tenga garantías de éxito deben estar incluidos todos los agentes interesados, incluidas las organizaciones ecologistas.

De hecho, el propio presidente del Gobierno, durante el Debate sobre el Estado de la Nación de 2006 en el Congreso de los Diputados, dijo: “Y paralelamente también está el tema de los residuos, que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe S.S., es un problema de hondo calado”.

A ese respecto, Greenpeace considera que el problema de la gestión de los residuos de alta actividad sólo se solucionará con un gran consenso social que únicamente podrá alcanzarse poniendo sobre la mesa previamente un calendario de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares.

Entretanto, Greenpeace manifiesta que se opondrá activamente a los planes del Gobierno/ENRESA de construir un cementerio nuclear.

Además, Greenpeace considera el Consejo de Ministros dio ayer una muestra clara de incongruencia legislativa al aprobar una serie de propuestas en materia nuclear del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que dirige Miguel Sebastián, que chocan frontalmente con el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que promueve la Vicepresidenta Económica, Elena Salgado, aprobado por el propio Consejo de Ministros el pasado 27 de noviembre.

Así, el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible propugna en su articulado que las centrales nucleares cierren cuando cumplan 40 años de funcionamiento y la propuesta de anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Energía Nuclear presentada por el Ministerio de Industria plantea los mecanismos de prórroga de las centrales nucleares para posibilitar su funcionamiento más allá de los 40 años.

Greenpeace critica además la falta de transparencia y de diálogo con las organizaciones ecologistas por parte del Gobierno al respecto de las modificaciones propuestas en materia nuclear. “El Ministro Sebastián sigue haciéndole el juego al lobby nuclear, aunque para ello tenga que actuar en contra de los proyectos de Ley de su propio Gobierno, con el de Economía Sostenible”, ha añadido Bravo.

Por último, Greenpeace critica que el Gobierno siga sin apostar por un régimen de responsabilidad civil ilimitada en caso de accidente nuclear. El incremento desde los actuales 700 millones de euros a un máximo de 1.200 M€ es insuficiente.

Dado que, como demostró la catástrofe de Chernóbil, el elevadísimo coste económico (sin olvidar nunca además el coste social, de salud pública y medioambiental) que puede llegar a tener un accidente nuclear, el Gobierno debe introducir por Ley un régimen de responsabilidad ilimitada por los daños causados por accidentes nucleares, como el que ya se encuentra en vigor en Alemania y otros países.

Las empresas nucleares deberían ser las únicas responsables de establecer las garantías necesarias y si no pueden conseguirlas a través de las empresas de seguros, tendrían que asumirlo inmovilizando fondos propios por un valor igual o superior a la responsabilidad atribuida, tal como hacen, por ejemplo, las centrales nucleares alemanas.

En realidad, en contra de lo que se ha hecho creer a la ciudadanía, tanto la legislación que se propuso anteriormente como la vigente no tienen como objetivo proteger a las víctimas, sino proteger a las empresas eléctricas, limitando las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente en caso de accidente.

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